Ecuador ante una nueva etapa minera: reformas 2026 y perspectiva de inversión

Aunque Ecuador ha enfrentado históricamente desafíos regulatorios, institucionales y de seguridad que han afectado su percepción como destino de inversión minera, la evolución reciente del sector demuestra que el país sí ha sido capaz de generar crecimiento, divisas y empleo a partir de la actividad minera. En los últimos años, la minería se ha consolidado como una fuente relevante de ingresos para la economía ecuatoriana, impulsada por la entrada en operación de proyectos mineros de gran escala, el aumento de las exportaciones y el interés sostenido en nuevos desarrollos. 

En ese contexto, la entrada en vigor de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, el 2 de marzo de 2026, introduce reformas relevantes al marco jurídico minero ecuatoriano. La incorporación de clústeres mineros integrales, mecanismos de protección estatal en áreas estratégicas, nuevos controles financieros en la comercialización de minerales, ajustes en las etapas de la actividad minera y medidas de formalización de la minería artesanal reflejan un esfuerzo por fortalecer el control estatal, la seguridad operativa y la organización del sector minero.

Desde una perspectiva de inversión, estas reformas no solo modifican reglas operativas, sino que también inciden en la forma en que los proyectos pueden estructurarse, ejecutarse y financiarse. En particular, la ley introduce elementos orientados a mejorar la coordinación institucional, reforzar la seguridad en zonas estratégicas y facilitar infraestructura habilitante para el desarrollo de operaciones mineras, en un contexto en el que la previsibilidad regulatoria y la viabilidad operativa son factores determinantes para la toma de decisiones.

La evolución reciente del sector, sumada a las reformas adoptadas en 2026, permite advertir un panorama más matizado: uno en el que persisten riesgos, pero también existen oportunidades concretas para quienes sepan estructurar sus proyectos y operar dentro del nuevo marco regulatorio. Desde esta perspectiva, el presente análisis examina las reformas introducidas en 2026 y su impacto sobre la actividad minera en Ecuador, con el fin de identificar las implicaciones legales y regulatorias más relevantes para empresas e inversionistas interesados en el desarrollo de proyectos mineros en el país.

Principales cambios introducidos por la reforma minera

La reforma minera de 2026 introduce modificaciones estructurales que inciden directamente en la organización del sector, los mecanismos de control estatal y las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse los proyectos mineros. Desde una perspectiva de inversión, estos cambios son relevantes porque afectan aspectos clave como la seguridad de las operaciones, la infraestructura habilitante, la trazabilidad financiera, la planificación del proyecto y la formalización de actividades de menor escala. 

Entre los cambios más relevantes se encuentran:

• Creación de clústeres mineros integrales, como espacios destinados a concentrar infraestructura y servicios habilitantes de uso común.

• Protección estatal de áreas mineras estratégicas, mediante mecanismos de seguridad reforzada con apoyo de las Fuerzas Armadas.

• Nuevos requisitos de control financiero y transparencia, especialmente en la comercialización de minerales.

• Redefinición de las etapas de la actividad minera, con una estructura más clara para la fase de exploración y su transición.

• Medidas para la formalización de la minería artesanal, con nuevas reglas sobre vigencia, reportes y transición regulatoria.

En conjunto, estos elementos configuran un nuevo esquema de funcionamiento del sector, con implicaciones directas en la planificación, ejecución y evaluación de riesgos de las actividades mineras, así como en la forma en que los inversionistas pueden analizar la viabilidad operativa y regulatoria de sus proyectos.

Aspectos clave de la reforma minera 2026

Control financiero en la comercialización de minerales

Los operadores que participen en la comercialización de minerales deberán registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el marco de las normas de prevención de lavado de activos aplicables al sector minero.

Clústeres Mineros Integrales

Se crean Clústeres Mineros Integrales como espacios territoriales destinados a concentrar infraestructura estratégica para la actividad minera, incluyendo interconexión eléctrica, abastecimiento de combustibles, infraestructura vial, logística y seguridad.

Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica

La reforma incorpora la figura de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas para prevenir minería ilegal, proteger infraestructura minera estratégica y neutralizar amenazas de grupos criminales.

Etapas del proyecto minero

La concesión minera se estructura en dos fases principales: exploración (hasta 15 años) y explotación, y habilita el aprovechamiento de minerales principales, secundarios y asociados económicamente explotables.

Declaración sobre infraestructura estratégica

El concesionario deberá presentar una declaración juramentada ante notario garantizando que las actividades mineras no afectarán infraestructura pública estratégica, instalaciones militares, redes de telecomunicaciones, infraestructura petrolera o eléctrica, ni bienes del patrimonio natural o cultural.

Formalización de la minería artesanal

Los permisos de minería artesanal tendrán una duración máxima de 10 años, no prorrogables, con el objetivo de promover la formalización y la transición hacia esquemas de pequeña minería regulada.

Gestión ambiental

Se mantiene el requisito de licencia ambiental para los proyectos mineros y se regula el uso de materiales pétreos en Galápagos bajo principios de economía circular.

Minería en Ecuador: situación actual y potencial económico

En los últimos años, el sector minero se ha consolidado como uno de los principales generadores de divisas para la economía ecuatoriana. Las cifras recientes reflejan tanto el peso actual del sector como su potencial de expansión en el mediano plazo.

Evolución e impacto económico

En la última década, la minería ecuatoriana registró un crecimiento acelerado como fuente de divisas. Las exportaciones mineras pasaron de apenas US$282 millones en 2018 a un récord de US$3.324 millones en 2023 (cifras oficiales del BCE), aproximadamente 63% de los envíos no petroleros y cerca del 9% de las exportaciones totales (el cuarto rubro exportador detrás de petróleo, banano y camarón). El auge se explica por el inicio de la producción de las minas Fruta del Norte (oro) y Mirador (cobre) en 2019 y por precios internacionales altos de oro y cobre (p. ej. el oro superó los US$2.300/oz en 2023). En 2022–2023 la minería aportó directamente US$762.7 millones en impuestos y 96.823 empleos (24.206 directos).

De acuerdo con información del Banco Central del Ecuador, en 2024 las exportaciones mineras alcanzaron aproximadamente USD 3.075 millones, lo que confirma la relevancia del sector dentro de la estructura exportadora del país, pese a registrar una contracción frente a 2023. En cuanto a la contribución fiscal, el sector minero generó aproximadamente USD 1.002 millones en recaudación tributaria, equivalente a cerca del 5% de los ingresos fiscales del país, lo que refleja su impacto en las finanzas públicas

Situación Actual

En el primer semestre de 2025 el sector minero continuó consolidándose como fuente clave de divisas. Según el Banco Central, las exportaciones mineras sumaron US$836 millones en el 1T25 (‑10,7% vs 1T24) y US$1.037 millones en el 2T25 (+16,9% vs 2T24).

Estos montos reflejan principalmente los envíos de oro y cobre de minas de gran escala. Por su parte, la inversión minera fue de US$98 millones en el 1T25 y US$190 millones en el 2T25 (de los cuales USD 49 M y USD 96 M provinieron de la mina Mirador, y USD 24 M y USD 51 M de Fruta del Norte). El empleo generado se mantuvo estable: 46.096 puestos en 1T25 (11.524 directos) y 45.946 en 2T25 (11.720 directos).

Potencial de desarrollo

Ecuador mantiene una cartera relevante de proyectos mineros en distintas fases de desarrollo, con capacidad de atraer nueva inversión y ampliar la producción de oro, cobre, plata y zinc. La existencia de proyectos avanzados y el interés sostenido en su desarrollo confirman la relevancia del país dentro del desarrollo minero regional y permiten identificar un potencial de expansión del sector, pese a los riesgos que aún persisten.

No obstante, el aprovechamiento de ese potencial requiere atender desafíos que siguen siendo determinantes para la viabilidad de los proyectos, entre ellos la consulta a comunidades, el cumplimiento de estándares ambientales rigurosos, la adecuada gestión territorial y el uso eficiente de los ingresos generados por la actividad minera.

Principales proyectos mineros en desarrollo

Se estima que los proyectos en cartera suman más de US$14 mil millones en capital por invertir. Entre los principales proyectos se encuentran:

• Cascabel (Imbabura): cobre y oro — SolGold

• Warintza (Morona Santiago): cobre — Solaris Resources

• Loma Larga (Azuay): oro y plata — Dundee Precious Metals

• Cangrejos (El Oro): oro — Lumina Gold

• La Plata (Cotopaxi): cobre, oro y plata — Atico Mining

• El Domo (Curipamba) (Bolívar): cobre, oro y zinc — Adventus Mining / Salazar Resources

Consideraciones finales

Las reformas adoptadas en 2026 reflejan una política pública orientada a fortalecer el desarrollo del sector minero como uno de los ejes del crecimiento económico del país. Aunque su efectividad dependerá de su implementación práctica, estas medidas evidencian un esfuerzo por reforzar el control, la seguridad operativa y la coordinación institucional en el sector minero.

En ese escenario, Ecuador presenta elementos relevantes para la inversión minera, entre ellos su potencial geológico, el avance de proyectos estratégicos y un marco regulatorio que incorpora mayores mecanismos de control y seguridad para el desarrollo de operaciones.

El desarrollo de proyectos en este sector no depende únicamente de la existencia de recursos minerales, sino también de la capacidad de las empresas para desenvolverse en un entorno regulatorio, institucional y operativo complejo. Los desafíos asociados a permisos, cumplimiento normativo, relacionamiento con autoridades, seguridad jurídica y gestión de contingencias pueden incidir directamente en la viabilidad de una inversión. En este contexto, contar con asesoría legal especializada resulta fundamental para estructurar proyectos, mitigar riesgos y aportar mayor seguridad al inversionista.

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