Recientemente, Ecuador ha tomado medidas significativas para combatir la corrupción y el lavado de activos.
A través del Decreto Presidencial No. 337 y la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121 emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el gobierno busca mejorar las prácticas de cumplimiento y gestión de riesgos tanto en entidades públicas como privadas.
Política Nacional de Integridad Pública hacia 2030
El Decreto Ejecutivo 337, firmado por el presidente Daniel Noboa, establece la Política Nacional de Integridad Pública con objetivos claros hasta el 2030. Las principales estrategias incluyen:
Contratación Pública Ética y Transparente: Se busca garantizar la integridad en los procesos de contratación pública, minimizando la corrupción y asegurando la equidad en la adjudicación de contratos.
Gestión de Conflictos de Interés: Establece mecanismos para identificar y resolver conflictos de interés, evitando la influencia de intereses personales en decisiones públicas.
Transparencia Presupuestaria: Promueve la apertura de información presupuestaria, permitiendo un mayor control ciudadano sobre el uso de recursos públicos.
Tecnología Anticorrupción: Implementación de herramientas tecnológicas para detectar y prevenir actos corruptos.
Fortalecimiento Institucional: Capacitación y recursos para instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La política también enfatiza el cumplimiento de tratados internacionales y recomendaciones de la OCDE, promoviendo un modelo de gobernanza abierta y participativa.
Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
La resolución SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121 introduce nuevas normas para entidades financieras populares y solidarias:
Unidad de Cumplimiento: Creación de estructuras organizacionales específicas para el cumplimiento normativo.
Gestión de Riesgos: Implementación de metodologías para la identificación y control de riesgos de lavado de activos.
Debida Diligencia: Políticas detalladas para conocer a socios, empleados, proveedores, y corresponsales.
Sistema de Responsabilidades: Definición de roles y responsabilidades para asegurar la prevención del lavado de activos.
Estas regulaciones obligan a las empresas a mantener registros detallados de todas las transacciones y actividades de debida diligencia por períodos específicos.
En Meythaler & Zambrano, estamos dedicados a brindar apoyo continuo para ayudar a las empresas a adaptarse a estas nuevas regulaciones, fortaleciendo así sus prácticas de cumplimiento y gestión de riesgos.
Comments