Ab. Sheyla Cuenca Flores
Departamento de Derecho Constitucional
El 17 de mayo de 2023, el Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, tomó la decisión de disolver la Asamblea Nacional con base en el artículo 148 de nuestra Constitución. Esta medida, implementada a través del Decreto Ejecutivo No. 741, busca abordar los desafíos actuales que la grave crisis política y agitación interna generan.
Mientras se espera la instalación de la nueva Asamblea Nacional, le es permitido Presidente de la República, Guillermo Lasso, emitir decretos leyes de urgencia económica, siempre y cuando cuenten con el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Esto se hizo efectivo mediante el Decreto No. 742, emitido el mismo día, con el propósito de impulsar la economía familiar y los negocios populares, teniendo en cuenta los niveles de ingresos y gastos de los ciudadanos.
Rebaja en el Impuesto a la Renta
De acuerdo con el Decreto No. 742, se otorgará una rebaja en el impuesto a la renta para las personas naturales, considerando sus gastos personales y otros aspectos relevantes, como las cargas familiares.
Esta medida de alivio fiscal será aplicable únicamente durante el ejercicio fiscal del año 2023.
Impuesto a la Renta Único para los Operadores de Pronósticos Deportivos
Adicionalmente, se ha establecido un impuesto a la renta único para los operadores de pronósticos deportivos que se realicen a través de internet u otros medios.
Este impuesto entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024, con el objetivo de regular esta actividad y contribuir a la recaudación de recursos para el país.
En espera del Dictamen de la Corte Constitucional
Es importante destacar que la vigencia de este Decreto Ley está sujeta a un dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional, la cual deberá evaluar su conformidad con la Constitución y los principios legales vigentes. Este proceso garantiza la legalidad y legitimidad de las decisiones tomadas en beneficio del país y su población.
Con la activación de la Muerte Cruzada, se estableció un plazo máximo de siete días, a partir de la publicación del decreto, para que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones legislativas y presidenciales, que cubrirán el resto del período de gobierno. Este proceso electoral busca renovar y fortalecer la representación del pueblo en las instituciones democráticas.
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