Importante precedente obligatorio sobre hábeas data y rectificación de datos personales

Actualizado: abr 29

Por: Ab. Joel Andrés López Villalobos

Subjefe Departamento Contencioso Administrativo y Constitucional

Estimados Amigos y Clientes:


Compartimos con ustedes un informe sobre la sentencia No. 55-14-JP emitida por la Corte Constitucional, que revierte la regla jurisprudencial que obligaba a demostrar un daño o perjuicio para la procedencia de la acción hábeas data, y dispone la rectificación de datos como reparación integral. La sentencia es considerada como jurisprudencia vinculante.


Se tratarán los siguientes asuntos:

  1. Objeto y definición del hábeas data

  2. Análisis de la Sentencia

  3. Conclusión y decisión

Objeto y definición del hábeas data

El habeas data (del latín: 'tener datos presentes') es una acción jurisdiccional propia del derecho, de carácter constitucional, que confirma el derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener la información existente sobre su persona, y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada.
Este derecho aplica a información almacenada en registros o banco de datos de todo tipo, ya sea en instituciones públicas o privadas, y en registros informáticos o no. El derecho habeas data puede cobijar también el concepto de derecho al olvido, esto es, el derecho a eliminar información que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo y ha perdido su utilidad. En términos más específicos el habeas data es una acción que puede realizar cualquier ciudadano cuando sus datos no son válidos, alguna deuda que no sea real, etc.

Análisis de la Sentencia

Una persona natural presenta acción de hábeas data y solicita la rectificación de sus datos en el Sistema Integral Informático de la Policía Nacional (SIIPNE). No obstante, la entidad se niega a otorgar dicha garantía en dos instancias, por considerar que no se ha demostrado la violación de derechos. Con base en estas circunstancias, la sentencia analiza la situación y revierte la regla jurisprudencial que obligaba a demostrar un daño o perjuicio para la procedencia de la acción, y dispone la rectificación de datos como reparación integral.


Previo a determinar lo antedicho, la sentencia analiza tres problemas jurídicos, que deben ser estrictamente considerados por los administradores de justicia al momento de resolver este tipo de garantía jurisdiccional. Estos son:

  1. ¿Cabe la acción de hábeas data cuando se configura una negativa tácita? ¿Qué es una negativa tácita? La Corte Constitucional, al analizar los hechos del presente caso, ha establecido que la falta de contestación de la persona natural o jurídica respecto de la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos, es considerada como “negativa tácita”. Por tanto, conforme lo establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, basta que exista la negativa tácita por la falta de contestación oportuna de lo requerido, para que la persona afectada pueda interponer una acción de hábeas data, ante lo cual los jueces conocedores de la acción no pueden alegar que no se ha agotado la vía administrativa.

  2. ¿Se debe demostrar algún tipo de perjuicio para que proceda el hábeas data? Para que se pueda presentar una acción de hábeas data, los datos deben ser erróneos o afectar derechos del titular. En este sentido, si un un registro policial, por cualquier incidente, no es adecuadamente manejado ni precisado, podría afectar al buen nombre y la honra de las personas. Por tal razón, la existencia de datos imprecisos en archivos públicos, el mero uso indebido de información personal, contra la voluntad del titular o sin autorización judicial o legal, constituyen en sí mismo una vulneración a este derecho y no requiere la vulneración de otro derecho constitucional o la demostración de un perjuicio. En virtud de lo mencionado, exigir que el titular del derecho demuestre un daño o perjuicio por un registro constituye una exigencia NO establecida en la Constitución ni en la ley.

  3. ¿Qué tipo de reparación corresponde si procede el hábeas data? La Corte considera que el accionante tiene derecho, como reparación, a que los registros de sus nombres en el SIIPNE sean precisados de tal forma que no existan equívocos en cuanto a su situación jurídica. En otras palabras, la Corte Constitucional establece que la forma adecuada de reparación es la rectificación de la información, en el sentido de precisar los datos.

Conclusión y decisión

En el presente caso, la Corte considera que se ha violado el derecho a la protección de datos personales y a la tutela efectiva al no haberse reconocido la procedencia de hábeas data en primera y segunda instancia. Por tanto, se revoca las decisiones adoptadas por los jueces y se acepta la acción, determinándose como medida de satisfacción que la Policía Nacional, en el plazo de un mes, marginé y precisé en los registros de detención que el hecho que motivó la detención fue por tratarse de un homónimo.

Como garantía de no repetición, se dispone al Ministerio de Gobierno que regule el funcionamiento del SIIPNE, emitiendo la normativa correspondiente en el plazo de seis meses, en la que deberá constar la finalidad del SIIPNE, el contenido y origen de la información, usos y destinos, derechos de las personas a conocer sobre su información personal y mecanismos de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos erróneos o que afecten derechos, garantías para la información confidencial y reservada, y responsabilidades de las personas usuarias del sistema por mal uso o violación a la confidencialidad y reserva. En el plazo de seis meses contados desde la notificación de la sentencia, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura deberán informar a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de esta sentencia. Además, con miras a asegurar la correcta aplicación de la acción de hábeas data, se dispone que el Consejo de la Judicatura difunda esta sentencia a todos los operadores de justicia del país a través de su página web por el plazo de seis meses.