Abogados NO deben informar sobre la creación, uso y propiedad de Sociedades en Paraísos Fiscales
Ab. María Victoria Beltrán.
Jefe Departamento Contencioso Administrativo
La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del segundo inciso de la "Disposición Reformatoria Tercera" de la "Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto" de 2016, que establecía la obligación de los promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos de informar bajo juramento a la Administración Tributaria sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos ecuatorianos.
El incumplimiento a esta obligación implicaba una sanción con una multa de hasta 10 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiera lugar.
La Corte determina los siguientes 3 puntos:
Esta obligación NO se encontraba prevista en el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo a la Asamblea por lo que, al ser un asunto en materia tributaria, no podría ser agregado posteriormente.
La "Disposición Reformatoria Tercera" no tiene conexidad temática, teleológica y sistémica con el objetivo de la ley. El tema dominante o el eje temático de la ley citada es la reactivación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La obligación impuesta a promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos no permite de ninguna manera recaudar recurso económico alguno para actuar frente al desastre natural.
La disposición se refiere a aspectos como la relación entre clientes y abogados y sigilo profesional, lo cual se aleja del hecho particular (desastre natural) y se establece como una obligación permanente general y amplia.
En efecto, la Corte Constitucional sentencia que la "Disposición Reformatoria Tercera" implica una dispersión normativa inadecuada, frente a un asunto importante que involucra el secreto profesional. Además, la Corte reconoce que una regulación en tal ámbito exige un debate profundo que incluya la participación ciudadana.