Por Mary Mar Samaniego
Jefa del Departamento de Comercio Ilícito
Estimados Amigos y Clientes:
El presidente Daniel Noboa ha remitido a la Corte Constitucional las preguntas para la consulta popular, con el objetivo de abordar la inseguridad, violencia e impunidad en el país. La mayoría de los temas planteados en la serie inicial de preguntas ya enviadas a la Corte Constitucional están regulados por la legislación actual. Sin embargo, la segunda serie de preguntas implica reformas constitucionales y está sujeta a un doble control por parte de la Corte:
el primero es un dictamen de vía, donde se determina el mecanismo adecuado para modificar la Constitución,
y el segundo es un dictamen de constitucionalidad, donde se evalúa si las reformas propuestas son compatibles con la Constitución.
En este informe, nos enfocaremos en las 7 preguntas que proponen reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y buscan involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra organizaciones criminales y su actuación en centros de rehabilitación social.
Acciones de las Fuerzas Armadas contra organizaciones criminales
Esta pregunta busca reformar el artículo 158 de la Constitución para otorgar al presidente la capacidad de disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, es importante señalar que esta propuesta ya fue rechazada anteriormente por la Corte Constitucional.
Control permanente de armas, municiones, explosivos y accesorios
Las Fuerzas Armadas ya tienen la facultad de llevar a cabo el control de armas, municiones, explosivos y accesorios, según lo establece el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Esta facultad no requiere reformas constitucionales ni legales adicionales.
Privilegios procesales para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria
El artículo 54 de la Ley Orgánica Para el Uso Progresivo de la Fuerza ya aborda la posibilidad de eximir a estos miembros de ser privados de su libertad o recibir arresto domiciliario durante investigaciones o procesos penales por actos ejecutados con el uso de la fuerza. Esto facilita que los servidores judiciales se defiendan en libertad y asegura que conserven sus derechos laborales.
Incremento de penas para delitos específicos
La propuesta busca aumentar las penas para varios delitos. Sin embargo, las modificaciones legislativas suelen canalizarse a través de la Asamblea Nacional, no mediante consulta popular. Además, se debe considerar que el aumento de penas no siempre tiene un impacto directo en la reducción de la criminalidad.
Cumplimiento íntegro de penas en centros de rehabilitación
La reforma al COIP ya estableció que ciertos condenados deben cumplir la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social. Esto excluye el régimen semiabierto para ciertos delitos graves.
Tipificación del delito de tenencia de armas militares o policiales
Esta propuesta busca tipificar el delito de tenencia de armas militares o policiales en el COIP. Sin embargo, se plantea un debate sobre la efectividad de esta medida en la reducción del delito.
Destino de armas confiscadas
La pregunta busca reformar el artículo 69 del COIP. Sin embargo, una resolución de la Corte Nacional ya estableció pautas específicas para el destino de armas confiscadas. Esta resolución tiene alcance general y obligatorio.
Este informe proporciona un análisis detallado de las preguntas de la Consulta Popular 2024 y sus implicaciones legales. Para obtener información adicional, no dude en contactarnos a info@lmzabogados.com
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