Contratación Pública
Contratar con el Estado implica altos niveles de control, cambios normativos frecuentes y riesgos que pueden afectar la ejecución del contrato, el pago y la continuidad del proveedor.
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Asesoramos a empresas en todas las etapas de la contratación pública, desde su participación en el proceso hasta la ejecución, terminación y resolución de controversias derivadas del contrato, con un enfoque orientado a prevenir contingencias y proteger su posición frente a la administración.
Marcamos la diferencia
Nuestra práctica combina conocimiento técnico del régimen ecuatoriano de contratación pública con experiencia en ejecución contractual y controversias frente al Estado.
Intervenimos en contratos públicos complejos y en sectores sometidos a especial escrutinio, donde una estrategia jurídica adecuada es clave para evitar sanciones, preservar la elegibilidad del contratista y exigir el cumplimiento de las obligaciones de la administración.
Etapa Precontractual
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Asesoramos a empresas en todas las etapas del proceso de contratación pública, incluyendo revisión de pliegos, análisis de requisitos habilitantes, preparación y validación de ofertas, gestión de la fase de preguntas y respuestas, y acompañamiento hasta la adjudicación y suscripción del contrato.
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Gestionamos la inscripción y actualización en el Registro Único de Proveedores (RUP) y verificamos el cumplimiento de los requisitos legales y documentales necesarios para participar en procesos de contratación pública.
Líderes de Equipo
Aporte Clave
Acompañamiento durante todo el ciclo contractual
Asesoramos a nuestros clientes desde la preparación de la oferta hasta la ejecución, liquidación y eventual controversia, con una visión integral del contrato público.
Protección de la posición del contratista
​Diseñamos estrategias para reducir contingencias, evitar sanciones y preservar la capacidad de nuestros clientes para seguir contratando con el Estado.
Enfoque práctico en ejecución y pago
Nuestra experiencia nos permite actuar en los puntos donde suelen concentrarse los mayores riesgos: cumplimiento documental, recepción, liquidación, observaciones administrativas y recuperación de valores adeudados.